México prepara una ley general de inteligencia artificial antes de definir qué lugar pretende ocupar en la economía de esta tecnología y qué capacidades desarrollará dentro del país, de acuerdo con los participantes de una mesa de análisis convocada por la Alianza por la Innovación Tecnológica (AIT) en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El Senado trabaja en un borrador para regular y fomentar su uso. La Cámara de Diputados instaló en abril una comisión especial y mantiene varias iniciativas en análisis. El gobierno federal también incorporó la tecnología a la agenda de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Estos tres procesos desde el poder todavía carecen de una ruta común que establezca objetivos nacionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el 17 de junio que el país carecía de una ley específica en materia de inteligencia artificial. En julio anunció una consulta sobre inteligencia artificial y plataformas digitales enfocada en menores. Sus conclusiones serían entregadas al Congreso como una propuesta separada del proyecto general del Senado.
La ausencia de esa estrategia fue registrada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En su Panorama del Gobierno Digital 2026, la OCDE advirtió que México mostraba avances en instrumentos éticos, aunque durante el periodo evaluado carecía de una estrategia nacional y de organismos especializados de supervisión. El indicador mexicano de gobierno digital fue de 0.51, frente al promedio de 0.70.
"Más que hablar de cómo regular, México necesita urgentemente una visión de Estado", dijo Hugo Manuel Luna Vázquez, diputado federal de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Inteligencia Artificial de la Cámara de Diputados. El legislador advirtió que la futura regulación puede surgir del Congreso o de la Agencia de Transformación Digital, dirigida por José Antonio Peña Merino.
Para Luna Vázquez, una ley general tendría que funcionar como un marco flexible de principios compartidos. Los usos concretos quedarían incorporados en los ordenamientos sectoriales. Este diseño buscaría evitar que una norma extensa quede desactualizada conforme cambien los modelos.
Rolando Zapata Bello, senador del PRI y presidente de la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México, dijo que el grupo ya elaboró el borrador de una iniciativa de ley con los componentes que considera necesarios. La presentación de la iniciativa estaba prevista para abril, aunque fue aplazada y el proyecto permaneció fuera del pleno al cierre del periodo ordinario.
El nuevo planteamiento clasificaría los sistemas en dos grupos. Aquellos que representen riesgos enfrentarían requisitos y revisión de la autoridad. Las aplicaciones restantes quedarían sujetas a principios y mecanismos de autorregulación. Esta versión modifica el documento de trabajo conocido en 2025, que contemplaba más categorías.
Zapata Bello afirmó que la futura ley debería obligar al Estado mexicano a expedir una estrategia nacional. "Una cosa es la norma, la ley, y otra cosa es el instrumento de política pública con el que el Estado mexicano plantea una visión en un esquema de gobernanza multiactor", dijo.
La estrategia serviría para definir la participación del país en una industria concentrada en empresas estadounidenses y chinas. Sergio López Ayllón, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que la regulación internacional pasó de una discusión sobre riesgos a una política industrial. Estados Unidos busca ampliar el margen de sus empresas. China combina inversión pública con una intervención estatal extensa.
Europa eligió una regulación basada en distintos niveles de riesgo y comenzó a revisar plazos ante las preocupaciones sobre su competitividad. López Ayllón aseguró que Corea del Sur ha seguido otra ruta mediante instituciones técnicas que construyen capacidades para utilizar la tecnología y vigilar sus efectos.
El investigador consideró que México participará principalmente como usuario de modelos desarrollados en otros países. La política pública tendría que ordenar su incorporación en la economía y los servicios públicos, además de identificar las capacidades nacionales que conviene desarrollar. La soberanía digital, explicó, depende de seleccionar tecnologías propias y proveedores externos que reduzcan la dependencia.
Para Salma Jalife Villalón, presidenta de Centro México Digital (CMD) y exsubsecretaria de Comunicaciones, una visión de Estado requiere decidir si México concentrará sus recursos en consumir sistemas extranjeros o desarrollará componentes propios. También necesita inversión e infraestructura para convertir las decisiones regulatorias en proyectos.
El diagnóstico coincide con el Programa Sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2025-2030. El documento reconoce que la administración pública federal mantiene una dependencia estructural de soluciones privadas y posee una capacidad interna limitada. La agencia plantea desarrollar tecnología pública y establecer estándares para conectar bases gubernamentales.
La disponibilidad de información constituye una de las limitaciones más medibles para el desarrollo de la inteligencia artificial en México. El país obtuvo 0.25 puntos en el índice de datos abiertos de la OCDE, menos de la mitad del promedio de 0.53. En apoyo gubernamental para reutilizarlos recibió cero, frente al promedio de 0.40.
Alberto Farca, vicepresidente de Proyectos de Centro México Digital, explicó que una parte de los datos públicos se difunde en documentos PDF, un formato que dificulta su procesamiento automático. Esa información podría servir para desarrollar sistemas de inteligencia artificial que respondan a las condiciones de México. Su publicación en internet resulta insuficiente cuando investigadores y desarrolladores carecen de archivos descargables que puedan analizar y reutilizar.
Cecilia Azuara, especialista en privacidad e integrante de la Línea de Investigación en Derecho e Inteligencia Artificial de la UNAM, añadió que la estrategia deberá incorporar la protección de datos personales. La legislación mexicana conserva el consentimiento como base principal para autorizar su tratamiento, un mecanismo que enfrenta dificultades cuando millones de registros son utilizados para entrenar modelos. Azuara dijo que las iniciativas sobre inteligencia artificial han avanzado separadas de esta discusión.
La dispersión ya comenzó a producir efectos en el proceso de regulación de la IA en México. Jesús Eulises González Mejía, integrante de la misma línea de investigación, contabilizó 13 leyes y reglamentos federales que mencionan la inteligencia artificial. También identificó alrededor de 20 definiciones en ordenamientos del país. Algunas describen sus funciones y otras les atribuyen capacidades semejantes a las humanas.
El Estado ya autorizó aplicaciones concretas antes de aprobar la ley general. La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública permite utilizar IA para analizar datos destinados a operaciones. La Ley Orgánica de la Armada contempla unidades de soporte estratégico para ciberdefensa e inteligencia artificial. González Mejía advirtió que la regulación vigente se concentra en la vigilancia.
Daniel Mancilla Velázquez, integrante del consejo de Young Leaders for the Sustainable Development Goals de Naciones Unidas, sostuvo que la certeza para los inversionistas tampoco se agota en una ley. Requiere instituciones capaces de aplicarla y coordinación entre los niveles de gobierno. La Cámara de Diputados analiza cinco iniciativas de ley federal o general, según la información que recibió de la secretaría técnica de la comisión legislativa.
Héctor Cárdenas Suárez, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, ubicó la regulación dentro de la competencia industrial entre países. Eduardo Vázquez Leyer, director de Asuntos Públicos de Atrevia y miembro de la Alianza por la Innovación Tecnológica, planteó que la definición mexicana deberá proporcionar certeza a quienes desarrollan y utilizan estos sistemas.
Pablo Pruneda Gross, coordinador de la Línea de Investigación en Derecho e Inteligencia Artificial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que la estrategia deberá contemplar la disrupción laboral y la educación. También pidió mecanismos de continuidad ante ataques capaces de afectar el sistema financiero o los servicios públicos.
El proyecto del Senado tendría que pasar por una reforma constitucional que otorgue al Congreso facultades expresas y distribuya competencias entre la Federación y los estados. El documento de trabajo calcula que después sería necesario armonizar 17 ordenamientos. La discusión legislativa avanza así sobre una estructura regulatoria que ya utiliza distintas definiciones y asigna facultades sectoriales, mientras permanece pendiente la decisión sobre los objetivos económicos y tecnológicos que México buscará alcanzar con la inteligencia artificial.