Entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026 ocurrieron 111 desplazamientos forzados masivos en Colombia, lo que implica que cada dos días, en promedio, una comunidad tuvo que huir de su lugar de residencia por causa de la violencia.
Los datos se desprenden del más reciente reporte sobre Dinámicas del Desplazamiento Forzado, emitido por la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con la entidad, esos 111 desplazamientosafectaron a un total de 23.931 personas.
"Cauca, con más de 6.700 personas afectadas, fue el departamento con mayor número de víctimas de desplazamiento. Le siguieron Norte de Santander, con 4.350; Antioquia, con 3.150; Nariño, con 2.550, y Magdalena, con 1.900", informó la Defensoría.
Estos lugares tienen en común territorios gravemente golpeados por el conflicto armado, en particular por las acciones del Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
A esta situación se suman los confinamientos forzados, es decir, cuando las comunidades quedan atrapadas por temor a ser víctimas de balas perdidas, bombas, campos minados u otras acciones implementadas por los grupos armados que dominan el territorio.
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La Defensoría advirtió que en el periodo analizado se conocieron "63 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 80.369 habitantes". Esto implica que cada 3,8 días se presentó un hecho de este tipo.
"En cuanto al confinamiento, Chocó registró el mayor número de personas afectadas, con 15.641. Le siguieron Cauca, con 13.350; Putumayo, con 12.646; Caquetá, con 11.651, y Bolívar, con 6.593", señaló la entidad.
En estos departamentos se repiten los mismos grupos ilegales que ocasionaron los desplazamientos, agregando a los Comandos de Frontera, sospechosos de instigar los confinamientos en Putumayo, según fuentes militares.
"Detrás de estas cifras hay familias y comunidades cuyos derechos, seguridad y condiciones de vida se ven gravemente afectados. Esta realidad requiere respuestas ágiles y efectivas de las autoridades garantizar su protección y atención", concluyó la Defensoría.
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