El Gobierno de Colombia prepara un decreto que modificará las reglas de actuación de las autoridades durante las protestas sociales. El borrador, publicado por el Ministerio del Interior, reforma el protocolo vigente desde 2021 y todavía no ha entrado en vigor: está abierto a comentarios hasta el 4 de octubre.
El proyecto llega apenas dos semanas después de que el presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, endureciera su discurso frente a los disturbios durante las protestas, especialmente en las universidades públicas.
El líder colombiano aseguró que garantizará las movilizaciones pacíficas, pero advirtió de que no tolerará actos de vandalismo, ataques contra la fuerza pública o lo que calificó de "terrorismo urbano". También anunció un protocolo para permitir la intervención policial en los campus ante situaciones de violencia, flagrancia o alteraciones graves del orden público.
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Uno de los principales cambios afecta a cuándo puede intervenir la Policía. El diálogo y la mediación seguirán siendo prioritarios, pero dejarán de ser un requisito previo para actuar contra personas que estén cometiendo determinados actos violentos durante una manifestación.
La Policía podrá intervenir directamente ante situaciones como el uso de armas de fuego o armas blancas, explosivos o artefactos incendiarios, agresiones, retención de personas o ataques contra civiles, agentes, personal sanitario o periodistas. La actuación deberá dirigirse contra los responsables mientras continúa el diálogo con el resto de manifestantes pacíficos.
El decreto también regula los bloqueos de carreteras. Cortar una vía no convertirá automáticamente una protesta en violenta, pero las autoridades podrán valorar su duración, la existencia de rutas alternativas y sus efectos sobre servicios esenciales y la población.
Además, se crearán "corredores solidarios" para garantizar durante las protestas el paso de ambulancias, bomberos, medicamentos, alimentos perecederos y personas vulnerables.
El texto establece asimismo cinco niveles de respuesta, desde la prevención y el diálogo hasta la intervención policial para restablecer el orden. Ante determinados actos violentos, las autoridades podrán pasar directamente a niveles superiores de actuación, aunque deberán justificar la decisión.
El proyecto conserva varias garantías del protocolo actual. Las manifestaciones se presumen pacíficas y no necesitan autorización previa, y un bloqueo no implica por sí mismo que una protesta deje de serlo.
También se mantiene la prohibición del uso de armas de fuego por parte de la Policía durante las manifestaciones y la no intervención de las Fuerzas Militares.
La principal controversia está en el mayor margen que tendrán las autoridades para intervenir sin agotar previamente las fases de diálogo y mediación.
El Gobierno sostiene que la reforma busca establecer reglas más precisas para la intervención de las autoridades cuando se produzcan afectaciones al orden público o a terceros, manteniendo el diálogo y la protección del derecho a la protesta. Sus críticos temen, sin embargo, que ampliar los supuestos en los que la Policía puede actuar sin agotar previamente el diálogo debilite las garantías de los manifestantes.
Algunas organizaciones de derechos humanos han cuestionado los cambios planteados por el Gobierno. La Corporación Reiniciar ha advertido de que "la protesta social está en riesgo" y ha reclamado diálogo y concertación con las organizaciones sociales y de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, ya había advertido antes de la publicación del borrador sobre una posible reforma del protocolo. En una carta enviada a De la Espriella cuando todavía era presidente electo, pidió que cualquier cambio respetara las directrices establecidas por la Corte Suprema y preservara los avances logrados en los últimos años.
Por ahora, el texto es solo un borrador. Una vez concluido el periodo de comentarios, el Gobierno podrá introducir cambios antes de aprobar su versión definitiva.