La detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, se produjo el miércoles por la noche en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, apenas dos días después de que Washington le revocara la visa por supuestos vínculos con el narcotráfico.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó este jueves de que está detenido por presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y tráfico de drogas. La Fiscalía habla de "secuestro".
El operativo se desarrolló entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves y dejó 14 personas aprehendidas, en Santa Cruz, La Paz y Sucre. Entre ellas figuran el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, un mayor de la Policía y un fiscal superior.
Zeballos también está en la lista de funcionarios sancionados por Washington. Policías con el rostro cubierto y chalecos del Centro Especial de Investigación Policial entraron además en la sede de la Fiscalía General, en Sucre. Según recoge Unitel, Oviedo señaló a Mariaca como líder de una organización criminal.
El Ministerio Público sostiene otra cosa. Denuncia que la aprehensión fue ilegal y que ignora sus motivos, y asegura que Mariaca estaba en Santa Cruz para cumplir su agenda institucional. Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la entidad, afirmó que los policías entraron sin orden de allanamiento y aprehendieron a todos los presentes.
El Fiscal antinarcóticos Miguel Gonzales dijo que Mariaca fue detenido sin ninguna orden. Tras el arresto, la Fiscalía comunicó la "ausencia definitiva" de Mariaca y que asume de forma interina Luis Montaño Morales, el fiscal superior más antiguo.
El 28 de septiembre, el Gobierno estadounidense restringió la entrada en el país a Mariaca y a su familia inmediata. El Departamento de Estado lo acusa de solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y de ayudar a criminales violentos a evadir la justicia.
Según Washington, esas acciones ponen en peligro la lucha contra el narcoterrorismo del presidente Donald Trump y socavan instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer. Bolivia es el país con más nombres en la lista: 13 funcionarios y exfuncionarios.
Se trata de una acusación del Gobierno de EE.UU., no de una condena. Un medio boliviano señaló que las pruebas que Washington dice tener no se conocen públicamente. Mariaca rechazó los cargos y los atribuyó a una injerencia y a presión política ligadas a las investigaciones del Ministerio Público, entre ellas la del consultor argentino Fernando Cerimedo, acusado, entre otros delitos, de presunta tentativa de feminicidio contra su expareja.
El Gobierno boliviano, presidido por Rodrigo Paz, calificó el lunes de "graves" las acusaciones de EE.UU. y pidió a Washington la información para investigar en el país a los incluidos en la lista. El Ejecutivo busca estrechar lazos con Estados Unidos.
Mariaca fue elegido fiscal general en octubre de 2024 para un mandato de seis años por el anterior Legislativo, de mayoría del MAS, el partido de Evo Morales y Luis Arce. Durante su gestión, la Policía capturó en marzo al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que después fue expulsado a EE.UU. con apoyo de la DEA.
La próxima cita está en el Congreso. El Legislativo boliviano tiene prevista una sesión el lunes para analizar la información que envíe Estados Unidos y valorar una comisión que investigue las acusaciones.