En Colombia, crece la tensión política y social, tras confirmarse varios sobrevuelos de helicópteros de la Infantería de Marina estadounidense en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.
El operativo, realizado entre finales de agosto e inicios de septiembre de 2026, salió a la luz pública después de que el Comando Sur compartiera en la red social X registros fotográficos de las maniobras.
La revelación desató una ola de indignación desde la oposición y sectores independientes, que pidieron explicaciones al Gobierno colombiano sobre la presencia militar estadounidense en el suroeste del país.
La falta de respuesta a un derecho de petición presentado por el representante Erick Velasco Burbano llevó el caso a los estrados. Un juez respaldó la solicitud del congresista de la formación Pacto Histórico y otorgó un plazo perentorio de 48 horas al titular de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora, para esclarecer el sobrevuelo de los helicópteros en el Pacífico.
En su resolución, el juzgado fue tajante al ordenar al Ministerio de Defensa que, en un plazo máximo de 48 horas tras ser notificado, respondiera "de forma clara, congruente y de fondo" el requerimiento presentado por el congresista Erick Velasco el pasado 20 de agosto.
La decisión judicial no dejó margen de maniobra. La juez Yessica Arteaga Sierra advirtió explícitamente al ministro que ignorar el dictamen acarrearía penas por desacato e implicaciones penales, al tiempo que le exigió probar documentalmente el acatamiento de la orden y no incurrir nuevamente en las conductas que originaron la tutela.
A la luz del dictamen, el representante instó al ministro Jorge Mora a rendir cuentas de inmediato. El parlamentario cuestionó la falta de autorización del Congreso y el impacto de las maniobras en el Derecho Internacional Humanitario, al tiempo que le exigió "dar la cara ante el país". Entre tanto, el Ministerio de Defensa aún no se ha pronunciado sobre la solicitud.
El caso ya suma otros antecedentes en los estrados. El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda interpuso un recurso similar contra el presidente Abelardo de la Espriella, al sostener que las operaciones aéreas de Estados Unidos en Tumaco debieron contar con la aprobación previa del Senado.
En su cuenta de X, el congresista advirtió que la falta de consulta cercena su ejercicio de participación política, lo que exige un pronunciamiento judicial sobre las vías constitucionales del caso. Según reprochó, en ningún momento fue informado ni consultado "sobre el ingreso y permanencia de tropas extranjeras (...) así como sobre operaciones militares con Estados Unidos en territorio nacional".
A juicio de Cepeda, el despliegue aéreo de Estados Unidos no solo exigía el aval previo del Congreso, sino que representa un movimiento "altamente inconveniente para Colombia". En esa línea, el congresista enfatizó que las maniobras violaron la Carta Magna: "Esta intervención militar en nuestro territorio por parte de tropas y aeronaves estadounidenses se ha producido sin la autorización del Senado de la República, que debe ser solicitada según lo ordena el artículo 173 numeral 4 de la Constitución Política", concluyó.